La violencia de género sobresale en el departamento
Matagalpa, al norte de Nicaragua, y funcionarios estatales no responden a las
demandas de protección y justicia de las víctimas. El orden jurídico es infuncional
con ese delito, según denuncias emitidas en diversos foros por cientos de
mujeres que propusieron mejorías legales.
Alarma el nivel de indefensión y discriminación. Por
tanto, el equipo multidiciplinario del Centro Especializado de
Atención a la Mujer (CEAMUJER), se programó identificar, analizar y
validar, factores que facilitan u obstaculizan la aplicación de la Ley
Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779).
El proyecto se ejecutó de abril 2018 a marzo 2020.
Fueron realizados talleres con mujeres y hombres en ocho de los trece
municipios del territorio campesino: Matagalpa, Sébaco, San Ramón, San
Dionisio, Esquipulas, Matiguás, Río Blanco, y Tuma -La Dalia.
En cada una de las sesiones, la metodología pretende que la expresión sea libre, la cual permitió identificar situaciones que se repiten con más frecuencia en los municipios. CEAMUJER procura no sugerir, no intervenir, no inducir.
Con la participación del Grupo Departamental de
Promotores y Promotoras para la prevención, sanción y erradicación de la
violencia basada en género, se obtuvieron propuestas de cambio para optimizar
la utilidad de la ley y erradicar los ambientes de Violencia Basada en Género
que sufren mujeres, niñas y niños.
Promotoras y promotores son fundamentales
CEAMUJER, desde el año 2016 organizó la Red de
Promotores y Defensores de Derechos Humanos; 176 mujeres activistas, a las que
se suman 76 varones, trabajan de forma voluntaria en sus comunidades y
municipios, apoyando a gente afectada por violencia de género y todo tipo de
dificultades en sus territorios.
En el trascurso de las consultas, la participación masculina fue estimulante con testimonios de hombres que se autodenominan “buenos y conscientes”, que “sufrimos violencia pero nos da pena contar y buscar ayuda”, y “han sido acusados injustamente”; están convencidos que “para formar bien a nuestros hijos debemos empezar por nosotros, por nuestra relación de pareja, en nuestros hogares” pues “el machismo invade la sociedad”.
El punto de partida para esta nueva campaña de
superación, es la investigación denominada “Constatando la aplicación de
derechos de niñas, niños y adolescentes en su entorno, hogar, escuela y
comunidad”, realizada en el año 2015.
Con ese estudio comprobaron diferentes factores que
“favorecen y dificultan la violencia, los lugares más frecuentes donde ocurre y
la identificación de los entornos seguros o inseguros para las mujeres, niñas y
niños, víctimas frecuentes de violencia de género”.
En los últimos dos años CEAMUJER había venido
analizando el fenómeno de disminución de la denuncia y el aumento de casos de
saña y se propuso conocer de primera mano las causas de esa realidad
aterradora, teniendo como base los resultados de la investigación mencionada.
Además, durante el 2017 se
incrementan a 54 los femicidios a nivel nacional; el año 2016 fueron asesinadas
49 mujeres.
Más de 500 personas expresándose
El estudio de CEAMUJER para
certificar la realidad implica dos talleres con 40
promotoras de Grupos de Auto Ayuda, y 21 encuentros con la asistencia de 362
mujeres y adolescentes perjudicadas; igualmente se auxilia con testimonios
expuestos por 201 víctimas en las sesiones personalizada de asesoría jurídica y
74 en atención psicosocial.
Asimismo, organizaron dos asambleas para “Definición de
Ruta de Protección y factores que facilitan u obstaculizan el acceso a la
justicia en sus comunidades y municipios”, más cuatro reuniones con 35 líderes
y lideresas de 7 municipios. Un diagnóstico irrefutable.
Los conversatorios enunciaron que tampoco todas las
instituciones de la sociedad civil están dispuestas a contribuir con la
erradicación de la violencia, según manifestaron integrantes de la Red de
Promotoras y Promotores.
Esa red comunitaria identifica las instituciones o
personas que les obstaculizan el trabajo: en ninguno de los municipios la
Policía Nacional cumple su función; por filiación religiosa en cinco municipios
los predicadores abominan a las organizaciones defensoras; sólo tres alcaldías
y dos juzgados se involucran, y hasta una comunidad se ha negado a respaldar
los derechos de sus conciudadanas.
Testimonios desgarradores
Los relatos en las reuniones son impactantes, ese hombre
de quien ella se enamoró es el que le pega, la humilla, la viola, la cela;
parecido le sucedió a otra: “Nos pasa a todas creer que tenemos un buen hombre
al principio y a medida que va pasando el tiempo van cambiando en mal”.
Cualquier nombre podría mostrar una mujer, cada una de
ellas conoce vivir sumisas, sufrir chantajes, “quienes no son estudiadas y por
falta de apoyo y conocimiento aguantan al hombre que es sostén económico de la
casa”. El hombre es el dueño de la propiedad, es el poseedor de todos los
bienes materiales y amo y señor de “su mujer y sus hijas”.
Sin embargo, en esta lucha por los derechos humanos, las
participantes en los foros manifestaron su empeño en no callar, conversar entre
ellas, buscar ayuda, no dejar que impere la crueldad.
Una tras otra las mujeres comunican sus tristezas y
firmes esperanzas, las voces quedan grabadas en la memoria: “Nosotras mismas
juzgamos a las mujeres maltratadas, mas no sabemos por todo lo difícil que
pasan y lo que cuesta salir de ese círculo de violencia; en la comunidad
tenemos muchos casos de violencia; no queremos muerte de ningún lado, la
violencia no debe seguir”.
Lamentable fue escuchar de riesgos que corren quienes
reclaman sus derechos o protegen a personas indefensas: “Sabemos que estamos
expuestos a muchas consecuencias si decidimos intervenir y ayudar a una
víctima”; “tenemos problemas en las comunidades, no hay quien defienda a una
víctima y puede ocurrir una desgracia, la misma sociedad de encarga de señalar
pero no de ayudar”.
Las categorías económicas no garatizan que las mujeres
sean respetadas, ellas compartieron sus experiencias: “Las mujeres bonitas y
con dinero pensé que no sufrían violencia, pero ahora me doy cuenta que en
estas situaciones todas somos iguales y podemos sufrirla”. “La violencia está a
todo nivel social y educativo, desde el más culto hasta el menos letrado”.
A pesar de lágrimas y dolor revelados por años sufriendo
vejámenes, en las asambleas surgieron abrazos con mucho coraje y firmeza: “Las
mujeres si nos proponemos algo podemos hacerlo; por no tener respaldo propio
aguantamos, pero debemos denunciar; un punto clave es la decisión para
perseverar y salir adelante”.
Madres y abuelas que superaron la barbarie no desean a
sus hijas y nietas sobrellevando ese martirio, “el peligro principal se
encuentra en el hogar” advierten, y sugieren que “cuando no seamos felices es
mejor separarse”, “debemos buscar siempre lo que nos haga feliz y nos de paz”;
“debemos mentalizar que somos fuertes y capaces de salir adelante solas”.
En las jurisdicciones del estado no hay expectativas: “De
nada sirve que denuncien si después no se hace nada, y a la mujer la vuelve a
agredir el hombre. Tenemos ese gran problema que es la falta de apoyo de
policías y judiciales, aunque presentemos un caso bien documentado y con
pruebas suficientes”.
Sinfín de trámites no han sido atendidos por las
instancias oficiales, en algunas ocasiones porque el agresor tiene influencia
política con las autoridades o hay dinero de por medio o familiaridad.
La ley no se obedece - afirman las mujeres- aun cuando las
autoridades están obligadas a escuchar a las personas que lleguen a solicitar
respaldo sobre violencia, continúa la retardación de justicia con las
lesionadas que tienen expediente de violaciones, abusos y maltratos, inclusive
documentos legales han sido perdidos en oficinas públicas.
Tampoco permiten a las víctimas ser acompañadas por
alguna promotora, facilitadora judicial o alguna organización. El desamparo es
normal, con empleados gubernativos que incumplen con sus funciones y la ley.
Aun con ese panorama desfavorable, existen algunos
organismos no gubernamentales locales e internacionales, territoriales,
religiosos, humanitarios, y estatales que en ciertos municipios amparan a las
violentadas o cumplen sus potestades.
Propuestas para mejorar
La mayor demanda es reabrir urgente las Comisarias de la
Mujer, aun “cuando en muchos lugares la atención era pésima pero de una manera
u otra medida se resolvía”, y “recibir atención especializada, actúen de forma
transparente y cambiar a los funcionarios deficientes”.
El personal que recibe a las afectadas debe ser más
sensible y capaz, “suficiente tienen las mujeres con aguantarle al hombre como
para aguantar maltrato de un funcionario, éstos y éstas deben atender con
respeto y tomen en cuenta las pruebas presentadas y lo establecido en la ley”.
Recomiendan que sea “la misma autoridad que recepcione
la denuncia quien oriente a la víctima los pasos a seguir, porque a una la
mandan de un lado a otro y no dan respuesta”, y “deben priorizar los casos”
según la gravedad.
También quieren que facilitadores judiciales,
promotores, y organismos especializados no sean impedidos de acompañar a las
denunciantes en todo el sumario, y al mismo tiempo se modifique el reglamento
de la Ley 779 para que se niegue la mediación en casos de delitos menores o
menos graves, ni se retire la denuncia cuando hay pruebas delictivas.
Incluso a guías espirituales los mandan a reflexionar y
evaluar sus apreciaciones, ya que algunos dicen a sus fieles que “cuando hay un
conflicto de violencia en la familia no se debía de meter porque después la
pareja queda bien y uno sale mal”.
Con mucha fortaleza, coincidiendo declararon que “si un
oficial nos trata mal hay que irse a las instancias correspondientes a poner la
queja, hay que ir incidiendo para hacer un cambio”; “para que las mujeres
denuncien debemos apoyarlas en todos los aspectos buscar los medios”; “hay que
darle lecciones a los hombres para que cambien de actitud, aunque sean nuestros
familiares no debemos apañarlos”; “no debemos dejarnos intimidar por el agresor
sea algún familiar o un conocido de la comunidad o familiar de una autoridad”.
A la par de la asesoría abogadil, la atención médica y
sicológica es vital para las víctimas, y requieren albergues donde las
resguarden, con financiamiento privado o público.
Durante toda la jornada de evaluación, quienes están
comprometidos con la defensa de los derechos humanos, no dejarán de recurrir a
la Policía Nacional, Fiscalía, Juzgado, Defensoría Pública, Ministerio de
Salud, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Familia.
Están dispuestas a que se les respeten aun recibiendo de
las instituciones: Pésima calidad, retardada atención, falta de interés y de
respeto, cuestionamiento y entorpecimiento de la denuncia, olvido del proceso
de investigación.
Ya que el estado nacional no se propone que la sociedad
conozca a profundidad la ley, solicitan a organizaciones civiles nacionales e
internacionales que continúen brindando respaldo para superar la cultura
misógina y colérica contra las mujeres, niñas, y adolescentes.
En síntesis, ante la vivencia desoladora, los une lo más
importante: “El estar rodeada por personas que trabajan por la misma causa que
yo, me hace sentir que no es en vano el trabajo que hacemos en las comunidades”.
Marzo 2020
Marzo 2020
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