Empleados públicos felices son quienes se lucran del cargo y humillados quienes reciben menores salarios aun con su eficiencia, porque hay serias diferencias entre unos y otros.
Trabajar en el Estado es privilegio de recomendados políticos, y no me refiero a los altos cargos de confianza sino a cualquier profesional o técnico contratado por influencia y no por su currículo.
Una de las ofertas que prometen políticos en campaña electoral es el cargo gubernamental para sus activistas, aun cuando no sean calificados o si lo son lo primordial es la lealtad a quien le contrata no a la institución.
Personas eficaces son restringidas en sus funciones, pues normalmente el funcionario jefe es incapaz y no permite propuestas que denoten su carencia, con su nombramiento de superior oficinesco mediocre se beneficia de los resultados del personal competente.
Muchas anomalías en las planificaciones y relaciones financieras estatales son producto de las órdenes ejecutivas del funcionario insuficiente, éste que está ahí por adulación al patrón y no en planilla para ser apto.
Se conjetura que son más de ciento treinta mil empleados públicos, seguros votos para Daniel Ortega y su señora, “agradecidos porque el comandante y la compañera les dieron empleo”, pero no es tan así, existe mucho descontento por las injusticias.
Desde mediados del siglo pasado, en Nicaragua ha sido costumbre que trabajadores del Estado entreguen el cinco por ciento del salario al partido gobernante, a cambio mantienen el puesto y pueden ascender según su servilismo, o gozar prerrogativas en el nivel de su rango.
El señor presidente y la señora vicepresidenta mantienen a funcionarios del Estado que sin respetar la ley apadrinan, nombran, destituyen, a empleados menores, contratan a personas para que les sean leales más que honradas y eficientes.
Jefes ocupan alto cargo por influencia familiar partidaria, una política que el Frente Sandinista prometió erradicar, pero no logró la liberación nacional porque la mayoría sojuzgada y empobrecida, en nepotismo y soborno.
Incorruptibles asalariados estatales transcurren inconformes con las deficiencias, no les aceptan opinar para que se cumplan los propósitos de progreso del país.
En el partido gobernante es delito proponer, un empleado público puede ser despedido y nominado traidor si denuncia anomalía en la administración estatal.
Uno de los deseos de la sociedad que avanza es erradicar la práctica de pésimo trato al servidor público, dejar de comprometerlo en actos delictivos y actividades partidarias, y que sea eficaz.
Lunes 8 marzo 2021
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