Repudian pacto de cúpulas

 

N

o es fiable para la mayoría de nicaragüenses la negociación política entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que predomina en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y el gobierno Ortega Murillo.

Entre COSEP y FSLN privan intereses económicos, son socios mercantiles en peligro de ser enjuiciados por delitos financieros en el ámbito internacional y nacional.

Muestra es el rechazo al acuerdo del 20 de marzo en cuanto a brindar al gobierno un plazo de 90 días como máximo para la liberación de más de 800 presos políticos, mientras la consciencia social exige inmediata libertad de todos.

Los gobernantes son reprobados por diversos organismos con influencia en el planeta, debido a la represión, que incluso presentan pruebas de crímenes de lesa humanidad, personas desaparecidas, capturas y juicios ilegales, torturas a prisioneros políticos, golpizas y robos de policías y paramilitares a ciudadanos y reporteros.

Las negociaciones, o diálogos, han sido históricamente para firmar acuerdos que favorecen a cúpulas, repartidera de cuotas de poder e influencia en el Estado, perdón y olvido de asesinatos y corrupción. Por eso, la sociedad vigila, acusa, se niega a aceptar arreglos que faciliten la continuidad de un sistema regido por deshonestos y represores.

A todas luces, el Frente Sandinista, bajo la conducción del matrimonio Ortega Murillo, no logró aumentar su cantidad de simpatizantes, aun con el poder absoluto y miles de millones de dólares -provenientes de Venezuela- para asistencialismo social.

Aun cuando oficialmente -y hasta especialistas- minimizaban el descontento de la sociedad nica por asuntos políticos, la rebelión de abril del año pasado fue la respuesta a gobernantes que oprimen a la mayoría y se enriquecen ilícitamente.

Desde entonces, en las marchas cívicas, el grito principal fue que “se vayan del poder”, “de que se van se van”, “que abdiquen”, que “adelanten elecciones y sean super vigiladas” con nuevos magistrados u organismo que organice los comicios, y “que paguen por los crímenes cometidos”.

Se rompió, al fin, con la aceptación del modelo político creado desde el inicio de la etapa poscolonial aún no superada. El caudillismo perdió la imagen del benefactor patriarcal, el dictador es aborrecido y probablemente enjuiciado. Inicia esta etapa con muchas exigencias cognoscitivas y reflexivas para construir justas relaciones de poder, la democracia.

Es tal la indignación nacional que miles de personas solicitan proscribir al partido rojinegro expulsado de la socialdemócrata Internacional Socialista, así como erradicar al ejército y la policía con mandos militantes del FSLN.

Es posible que el matrimonio Ortega Murillo quiera imponerse con las armas de guerra, la fortaleza de sus seguidores ha sido inculcada con ese valor bélico por encima del analítico o el cívico, se dedican a ovacionar las decisiones presidenciales; tal vez habrá quienes renuncien a continuar respaldándolos porque les han mentido y liberarán a quienes acusaron de “terroristas, golpistas, asesinos de militantes” orteguistas.

Las personas que defienden al matrimonio temen perder sus propiedades rurales y urbanas, inversiones empresariales en todos los ámbitos de la economía, y los empleados estatales y municipales su pobre o rentable empleo asalariado. Un nuevo gobierno investigará la corrupción y el nepotismo.

El pacto entre cúpulas, por donde se analice, no conviene al país ni la mayoría de la sociedad lo respalda. Lo que encaja es la transparencia y la justicia, nada de inmunidad e impunidad, urge edificar las bases para la democracia participativa. El primer paso es la inmediata liberación de presos políticos y respetar derechos humanos, eso demanda la sociedad inconforme con este sistema feudal.

Jueves 21 marzo 2019