sábado, 26 de noviembre de 2011
Comentario de la novela "Danzaré sobre su tumba", de Fátima Villalta
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Elecciones empañadas por amañadas
martes, 15 de noviembre de 2011
viernes, 28 de octubre de 2011
¿Votarán por Daniel Ortega?
viernes, 16 de septiembre de 2011
Una línea dura del FSLN no quiere a Daniel como líder
miércoles, 31 de agosto de 2011
martes, 9 de agosto de 2011
Ventanas en la Memoria Recuerdos de la Revolución en la Frontera Agrícola

Las personas entrevistadas memoran los enfrentamientos con la Guardia Nacional, la represión, el desplazamiento de sus comunidades hacia lugares más seguros, buscando la zona de Waslala y Siuna. De igual manera explican sus aspiraciones cuando triunfara la Revolución Sandinista, valoran lo que sucedió en los años ochenta, y lo que vivieron después de la derrota electoral del FSLN en 1990.
jueves, 4 de agosto de 2011
Información Pública sigue siendo secreta a pesar de ley
En el departamento Matagalpa no hay ni una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), después de cuatro años de haber sido aprobada la ley que obliga a ser creada en cada una de “las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas.”
La disposición permite a los habitantes conocer y fiscalizar la administración del patrimonio de la sociedad, y obliga a la gestión transparente en un Estado que tradicionalmente ha sido saqueado por buena parte de altos funcionarios o utilizan sus cargos para tráfico de influencias.
“Toda persona sin discriminación alguna, tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna de parte de todas las entidades sometidas al imperio de la presente Ley.”
Sin embargo, quienes se suponen son servidores públicos no hacen caso de la ley, pues se evidencia en la negativa a instalar la OAIP, y es común que a las pocas personas interesadas les nieguen la información cuando los funcionarios consideran puede ocasionar críticas a la administración.
El periodismo no oficial ha sido limitado en la indagación sobre aspectos que podrían comprometer a una institución estatal. La directriz para los funcionarios es que solamente el de mayor rango es el autorizado a brindar declaraciones, y en la mayoría de los casos no brindan entrevistas.
De las trece alcaldías en el departamento, nada más Matagalpa tiene oficina de Divulgación y Prensa, con rango de Secretaría, y en otros tres nombraron a un encargado o encargada. Estas oficinas más bien se dedican a la propaganda partidaria-estatal, en una campaña electoral permanente exaltando la figura del alcalde y el candidato presidencial.
Consejo del Poder Ciudadano es el que informa
Uno de los directivos del Consejo del Poder Ciudadano, en Matagalpa, me confesó que la vía para informar es ese organismo, en las alcaldías ganadas por el FSLN y en las oficinas del Estado. Pero no se atrevió a que escribiera su nombre, por temer represalias, cuando aceptó que “es muy complicado entregar información pública, porque la pueden usar para desprestigiar al gobierno”. Me dijo que en las alcaldías hay una oficina del Poder Ciudadano “que se mantiene en contacto con el pueblo, y recibe y entrega información”.
No quiso decir más, y me advirtió: “no lo vayas a manipular… vos sos bandido, hay cosas que todavía no se pueden aplicar, aunque lo diga la ley”.
La declaración es evidente, temen que la información refleje irregularidades pues si éstas no existieran prevalecería la transparencia, los funcionarios expusieran ampliamente, y habría acceso por medio de la OAIP.
Múltiples críticas, conjeturas, y pruebas, han presentado los medios de comunicación sobre posible corrupción en el Estado. Una oportunidad para desmentir los señalamientos de administración inadecuada, sería la presentación de información que demuestre honradez, pero no lo hacen.
Hasta el periodismo está coartado
Consulté a varios periodistas su valoración sobre el tema, pero se excusaron, supongo que unos por ser afines o trabajadores del gobierno y otros para no correr riesgos de represalias. Hasta quienes tienen como profesión el periodismo temen expresarse.
La única que me respondió fue la periodista Aurora Leytón Morales: “Que yo tenga conocimiento en ninguna institución del estado ni en las alcaldías del departamento de Matagalpa existen estas oficinas. Yo personalmente valoro muy importante el funcionamiento de dichas oficinas para el trabajo que realizamos, si estas funcionaran nos facilitarían nuestro trabajo. Yo observo falta de interés del actual gobierno de hacerlas funcionar de acuerdo a la ley, no le interesa.”
La importancia de la ley, va más allá de crear la OAIP. Contempla aspectos sustanciales y obligatorios, que deben divulgarse al público, por ejemplo en el capítulo IV, el acápite c) del artículo 20 dice: La remuneración mensual de la Dirección Superior y de todo el personal, incluyendo los trabajadores temporales y externos.
Pero, cuando preguntamos en cualquier institución estatal y municipal por los salarios de altos funcionarios, sus viáticos, dietas, asignaciones presupuestarias, es como tocar un panal de avispas. Se niegan y hasta se molestan.
El acápite g), del mismo artículo, establece que las autoridades deben informar sobre: Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos cualquiera que sea su destino. No obstante, como los funcionarios deciden sobre el dinero público a como quieren, tampoco entregan detalles sobre a quienes proveyeron recursos.
La práctica ha sido, en el caso de los Gobiernos Municipales, el Alcalde tiene asignada una cantidad sustancial de dinero para donar a quien considere conveniente, sin rendir cuentas, y se ha sabido que ese monto tiene utilidad partidaria, o compra de abyectos partidarios.
La ley, además involucra a entidades privadas. En el artículo 21, se lee: Las concesiones, contratos, subvenciones, donaciones, exoneraciones u otros beneficios o ventajas; licencias, permisos o autorizaciones, que les fueron otorgadas por el Estado, sus bases y contenidos.
En ese mismo artículo, el acápite f) establece: Toda aquella información que permita a los ciudadanos, comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos públicos convenidos entre el Estado o sus entidades con el Ente Privado, así como el uso que hace de los bienes, recursos y beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas otorgados por el Estado.
Empresa privada también debería informar
La entidad que se me viene a la mente, en el caso de Matagalpa, por ser muy criticada y reciben mucho dinero, son las Clínica Previsionales. Están obligadas a divulgar toda la información de la cantidad de dinero que reciben, las atenciones brindadas, inversiones, gastos, pacientes atendidos, medicamentos entregados, etc. Pero si el Estado oculta información, reprime a quienes indagan, mucho menos que la empresa privada vaya a cumplir.
La ley es bien clara en su mandato, el artículo 28: Es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud. En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.
Además, la sociedad puede acusar al funcionario que se niegue a brindar información, así lo manda el artículo 47: Será sancionado con multa de uno a seis meses de su salario mensual el
servidor público que: a) Deniegue sin causa justa información pública que se le solicite.
No hay justificación, ni siquiera la que algunos funcionarios manifiestan por la falta de presupuesto, pues en el artículo 53, leemos la disposición: Se ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluir en la reforma presupuestaria correspondiente, propuestas de adecuación para garantizar que todos los entes presupuestados estén en capacidad de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
La única alternativa, en este país, es que la sociedad exija, demande, proteste, para que se creen las Oficinas de Acceso a la Información Pública, y así la gente pueda conocer, fiscalizar, reclamar, lo relacionado con la administración de los recursos de la Nación.
jueves, 28 de julio de 2011
Violencia contra la mujer es general y aterradora en nuestro Estado patriarcal
En las relaciones personales se practica algún tipo de agresión. Los afectos consanguíneos están deteriorados debido a las relaciones de poder, del mayor hacia el menor, en cualquiera de las categorías del conglomerado social. El animal humano no ha logrado que la razón supere a la fuerza bruta, y la dignidad venza a la desfachatez y el temor.
En el estadio actual, la mujer continúa siendo objeta y sujeta de los paradigmas machistas, pocas se han liberado, no es fácil cuando el patriarcado impone conceptos de familia y ella ha sido educada acorde con las premisas tal a como los hombres: La violencia es natural.
“La mayoría no lo reconoce porque lo han vivido como cultura” afirma María José Sáenz, una sicóloga especialista en violencia intrafamiliar, cuando le solicité su valoración de un tema complejo en el cual inciden modelos culturales, formación de caracteres primarios, y jurisprudencia.
“En cada hogar hay violencia, golpes, gritos… no nos han enseñado otra forma de educar”, asegura María José. Recordé ese lenguaje: “Chavalo hijuelacienputa calmáte o te calmo de un turcazo”, “Esta flaquetosa de mierda no hace caso la jodidita”, “A la mujer no le podés soltar las riendas”, “Los huevones no lloran”.
La sicóloga asevera: “Es una conducta aprendida, y agresiva de acuerdo al rol en el que nos desenvolvemos”. EL hombre que atropella a la mujer, María José dice que además la culpa de ser la causante, la provocadora, la merecedora de gritos y golpes. A las mujeres les ha tocado ser víctimas de las múltiples formas de violencia, al extremo que en la mayoría de los casos “se autoculpan y justifican al agresor”.
Daños sicológicos insuperables
Es fuerte el daño sicológico que sufre una mujer violada sexualmente; María José, manifiesta: Para superarlo es un largo proceso, doloroso, el abuso sexual causa traumas… generalmente los violadores son familiares: padres, padrastros, primos, hermanos, tíos… o alguien cercano a la familia.
Es terrible para la sicóloga que muchas mujeres “consideran el hecho como un acto privado… no se debe denunciar porque afecta a la familia”. Sin embargo, las mujeres sufren en silencio, es el caso de “una mujer adulta… su padre la violó cuando ella tenía diez años y aún mantiene el dolo”; en la sesión terapéutica, para abordar el tema, ella “se poner nerviosa… tiembla, se queda muda”.
Desafortunadamente, se lamenta la sicóloga: “son muy pocas las que concluyen o continúan las sesiones”, muchas mujeres “se aíslan como mecanismo de defensa y no logran vencer las secuelas“, aunque el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, donde labora María José, mantiene campaña contra la violencia intrafamiliar a través de Radio Vos, talleres, foros, teatro, y otras actividades en salones y calles.

Rosalía Calero Borge, también sicóloga, coincide con María José en cuanto a los profundos dolores que padecen las mujeres en caso de violación como víctima o madre. A Rosalía le impacta el sufrimiento de una madre cuyo “hijo está preso por violar a su hermana y ésta se encuentra embarazada”.
295 delitos en seis meses
La Comisión Ejecutora de la Comisaría de la Mujer, que forma parte de la Red del Norte, donde trabaja Rosalía, ha cuantificado 295 tipos de delitos de violencia sexual y física en el primer semestre del año en cinco municipios del departamento Matagalpa: La Dalia (85), Ciudad Darío (66), San Ramón (59), Muy Muy (57), Río Blanco (28). Entre otros registraron 1 asesinato, 134 lesiones graves o gravísimas, 75 delitos sexuales entre ellos 35 violaciones, 19 estupros, 14 abusos sexuales, 3 incestos.
Rosalía refiere que, en la zona rural, por violación sexual aún la justicia se aplica con el pago por la honra, sin llegar a los tribunales, es posible que “el violador sea eximido de culpa con la entrega de dos vacas… como pago”. El patriarcado y el adulto, quizá mucho mayor, “se roba a una menor de edad” y hay arreglo familiar, muchas veces “aceptan que ella viva con él por conveniencia económica”.
Indudablemente, concluye la sicóloga “existe abuso de poder con relación a la edad”. Es un fenómeno, aunque los hombres sean infieles durante toda su vida de pareja, cuando “ven vieja a la esposa o compañera de años, la dejan por una muchacha”. También “el abuso sexual de los padrastros es ocultado y muchas veces las madres no les creen a las hijas”.

Yalkiria Pineda, abogada, considera que el problema fundamental para aplicar justicia es la interpretación de la ley y el procedimiento: “Lo ideal sería que esta ley y este procedimiento fueran utilizados con enfoque de derechos humanos y feminista.”
“El Estado de Nicaragua es el responsable” las mujeres están en desventaja en “una cultura patriarcal”. “No es cierto que (en el país) mandamos mitad (mujeres) y mitad (hombres)”. El agresor generalmente anda libre, para probar el delito de violación o maltrato, es un procedimiento engorroso, y más cuando carece de testigos porque “los hombres cometen el delito aprovechando que la víctima se encuentra sola.”
Afirma Yalkiria que cuando la mujer logra contar la agresión sufrida, vuelve a vivir un drama “se lo cuenta a la policía, a la abogada, la sicóloga, el fiscal, en el juicio”, y además se expone a la opinión pública que la condena moralmente como si fuera la culpable.
En la policía muchas veces no hay oficiales “con preparación técnica y capacidad para abordar a la víctima” dice Yalkiria, a la víctima la ofenden, es sabido que cuando una mujer llega a poner la denuncia por maltrato del hombre, y antes había llegado a la delegación le reprochan “Idiay otra vez vos”.
Policía con serias limitantes
Durante la entrevista Yalkiria se pregunta ¿cuántos oficiales hay en la Comisaría? y se responde “cuatro, más la jefa”; vuelve a interrogarse ¿cuántos casos atienden al mes? y se responde “cuatrocientos, y en veinticuatro horas la policía debe pasar el caso a juicio”.
Para darte una idea - me informa - la oficina de Auxilio Judicial está en desgracia, nada más hay una computadora para dieciséis oficiales, en esas condiciones no se puede ser eficiente, y la policía es la más cercana a la población, la responsable de capturar al malhechor.
En algunas oficinas municipales, revela Yalkiria, sólo hay una oficial para atender los casos de violencia intrafamiliar y “la ocupan para todo”. También “la policía carece de vehículos, combustible, los oficiales hombres y mujeres andan mal comidos, y en la zona rural viajan a caballo o a pie para rescatar a una víctima o capturar al agresor”.
En cambio - denuncia la abogada - “un diputado recibe doscientos galones de combustible al mes para sus vagancias y una patrulla de policía apenas veinte litros”. El Colectivo de Mujeres de Matagalpa, donde Yalkiria ejerce su profesión, ha tenido que facilitar vehículo y combustible a la policía para que cumpla sus funciones.
Ella me cuenta un caso emblemático: “una mujer llega a poner una denuncia a una oficina de la policía en un municipio, al mismo tiempo que un hacendado… el hombre dice que le robaron una vaca… anda en su camioneta… la mujer llega golpeada… a pie… es pobre… vive a varias horas de camino… el policía se va a resolverle al hacendado… que hasta regalía ofrece… la mujer se queda esperando.”
Proceso judicial ineficiente
Otra deficiencia se encuentra en la Fiscalía. Cuenta Yalkiria que hay veinticuatro fiscales para el departamento Matagalpa. “Es una estructura rara… uno recibe el caso, después hay un fiscal de audiencia… otro de juicio… y no siempre son los mismos”. El fiscal almacena los casos por la cantidad que llevan. “Muchas veces el fiscal de juicio lleva tres al día y sin mucho tiempo para estudiar el expediente”.
Yalkiria asegura que de un mil setecientos casos que lleva la policía sólo veinticuatro entraron al sistema penitenciario. Otro problema, dice la abogada, es que muchos fiscales vienen de Managua, no conocen la realidad rural, de la zona.
Los juzgados “son otro colador” y “muchas veces sus fallos son cuestionables”, “así como hay tráfico de influencia en la policía igual es en los juzgados… no se pueden probar… pero se sacan conclusiones” afirma Yalkiria.
Batallar en los juzgados “tiene un alto costo económico” y “las mujeres pobres no pueden financiarlo”, el Colectivo de Mujeres y otras organizaciones han “tenido que financiar a las mujeres, proporcionándoles dinero para el pasaje, alojamiento, comida” y acompañarlas en todo el juicio.
Quise las versiones de la Policía Nacional y la Fiscalía, pero no recibí respuestas a la solicitud, más bien me atrasaron. De todos modos lo relatado es una realidad que nada más la podríamos cambiar superando el sistema patriarcal, opresor, machista.
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