Edificio de la Alcaldía de Matagalpa.En el departamento Matagalpa no hay ni una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), después de cuatro años de haber sido aprobada la ley que obliga a ser creada en cada una de “las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas.”
La disposición permite a los habitantes conocer y fiscalizar la administración del patrimonio de la sociedad, y obliga a la gestión transparente en un Estado que tradicionalmente ha sido saqueado por buena parte de altos funcionarios o utilizan sus cargos para tráfico de influencias.
“Toda persona sin discriminación alguna, tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna de parte de todas las entidades sometidas al imperio de la presente Ley.”
Sin embargo, quienes se suponen son servidores públicos no hacen caso de la ley, pues se evidencia en la negativa a instalar la OAIP, y es común que a las pocas personas interesadas les nieguen la información cuando los funcionarios consideran puede ocasionar críticas a la administración.
El periodismo no oficial ha sido limitado en la indagación sobre aspectos que podrían comprometer a una institución estatal. La directriz para los funcionarios es que solamente el de mayor rango es el autorizado a brindar declaraciones, y en la mayoría de los casos no brindan entrevistas.
De las trece alcaldías en el departamento, nada más Matagalpa tiene oficina de Divulgación y Prensa, con rango de Secretaría, y en otros tres nombraron a un encargado o encargada. Estas oficinas más bien se dedican a la propaganda partidaria-estatal, en una campaña electoral permanente exaltando la figura del alcalde y el candidato presidencial.
Consejo del Poder Ciudadano es el que informa
Uno de los directivos del Consejo del Poder Ciudadano, en Matagalpa, me confesó que la vía para informar es ese organismo, en las alcaldías ganadas por el FSLN y en las oficinas del Estado. Pero no se atrevió a que escribiera su nombre, por temer represalias, cuando aceptó que “es muy complicado entregar información pública, porque la pueden usar para desprestigiar al gobierno”. Me dijo que en las alcaldías hay una oficina del Poder Ciudadano “que se mantiene en contacto con el pueblo, y recibe y entrega información”.
No quiso decir más, y me advirtió: “no lo vayas a manipular… vos sos bandido, hay cosas que todavía no se pueden aplicar, aunque lo diga la ley”.
La declaración es evidente, temen que la información refleje irregularidades pues si éstas no existieran prevalecería la transparencia, los funcionarios expusieran ampliamente, y habría acceso por medio de la OAIP.
Múltiples críticas, conjeturas, y pruebas, han presentado los medios de comunicación sobre posible corrupción en el Estado. Una oportunidad para desmentir los señalamientos de administración inadecuada, sería la presentación de información que demuestre honradez, pero no lo hacen.
Hasta el periodismo está coartado
Consulté a varios periodistas su valoración sobre el tema, pero se excusaron, supongo que unos por ser afines o trabajadores del gobierno y otros para no correr riesgos de represalias. Hasta quienes tienen como profesión el periodismo temen expresarse.
La única que me respondió fue la periodista Aurora Leytón Morales: “Que yo tenga conocimiento en ninguna institución del estado ni en las alcaldías del departamento de Matagalpa existen estas oficinas. Yo personalmente valoro muy importante el funcionamiento de dichas oficinas para el trabajo que realizamos, si estas funcionaran nos facilitarían nuestro trabajo. Yo observo falta de interés del actual gobierno de hacerlas funcionar de acuerdo a la ley, no le interesa.”
La importancia de la ley, va más allá de crear la OAIP. Contempla aspectos sustanciales y obligatorios, que deben divulgarse al público, por ejemplo en el capítulo IV, el acápite c) del artículo 20 dice: La remuneración mensual de la Dirección Superior y de todo el personal, incluyendo los trabajadores temporales y externos.
Pero, cuando preguntamos en cualquier institución estatal y municipal por los salarios de altos funcionarios, sus viáticos, dietas, asignaciones presupuestarias, es como tocar un panal de avispas. Se niegan y hasta se molestan.
El acápite g), del mismo artículo, establece que las autoridades deben informar sobre: Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos cualquiera que sea su destino. No obstante, como los funcionarios deciden sobre el dinero público a como quieren, tampoco entregan detalles sobre a quienes proveyeron recursos.
La práctica ha sido, en el caso de los Gobiernos Municipales, el Alcalde tiene asignada una cantidad sustancial de dinero para donar a quien considere conveniente, sin rendir cuentas, y se ha sabido que ese monto tiene utilidad partidaria, o compra de abyectos partidarios.
La ley, además involucra a entidades privadas. En el artículo 21, se lee: Las concesiones, contratos, subvenciones, donaciones, exoneraciones u otros beneficios o ventajas; licencias, permisos o autorizaciones, que les fueron otorgadas por el Estado, sus bases y contenidos.
En ese mismo artículo, el acápite f) establece: Toda aquella información que permita a los ciudadanos, comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos públicos convenidos entre el Estado o sus entidades con el Ente Privado, así como el uso que hace de los bienes, recursos y beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas otorgados por el Estado.
Empresa privada también debería informar
La entidad que se me viene a la mente, en el caso de Matagalpa, por ser muy criticada y reciben mucho dinero, son las Clínica Previsionales. Están obligadas a divulgar toda la información de la cantidad de dinero que reciben, las atenciones brindadas, inversiones, gastos, pacientes atendidos, medicamentos entregados, etc. Pero si el Estado oculta información, reprime a quienes indagan, mucho menos que la empresa privada vaya a cumplir.
La ley es bien clara en su mandato, el artículo 28: Es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud. En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.
Además, la sociedad puede acusar al funcionario que se niegue a brindar información, así lo manda el artículo 47: Será sancionado con multa de uno a seis meses de su salario mensual el
servidor público que: a) Deniegue sin causa justa información pública que se le solicite.
No hay justificación, ni siquiera la que algunos funcionarios manifiestan por la falta de presupuesto, pues en el artículo 53, leemos la disposición: Se ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluir en la reforma presupuestaria correspondiente, propuestas de adecuación para garantizar que todos los entes presupuestados estén en capacidad de dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
La única alternativa, en este país, es que la sociedad exija, demande, proteste, para que se creen las Oficinas de Acceso a la Información Pública, y así la gente pueda conocer, fiscalizar, reclamar, lo relacionado con la administración de los recursos de la Nación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario