Prisión a corruptos y campaña electoral

El proceso en la Dirección General de Ingresos (DGI), investigando presunta corrupción debe ser inicio de saneamiento estatal. Sin embargo resulta reacción tardía, podría ser un acto electorero o intento de extraviar la atención al tema principal: la legalidad del proceso electoral.

Mostrar transparencia en la administración pública, debería ser la norma de cada institución, sin prebendas para quienes nombrados en un cargo estatal o municipal respondan a los intereses partidarios del jefe político, y nada más hay despedidos o procesados cuando abusan de la confianza del jefe o perjudican la imagen ante votantes.

Si es voluntad de presidente Ortega sanear su gobierno, el juicio por corrupción podría ser extemporáneo, en el último año de su período, cuando desde el inicio de su mandato debió corregir los robos de los bienes públicos, la violación a procedimientos administrativos, el nepotismo y tráfico de influencia.

Los medios de comunicación y la opinión pública han señalado a presuntos funcionarios corruptos en instituciones nacionales y municipales controladas por Daniel, pero antes no hubo indagación ni corrección, más bien protección.

Parece ser que los corruptos son investigados o, si acaso ahora por lo de la DGI, llevados a juicio, nada más si se rebelan o se extralimitan, pero continúan en su cargo si son sumisos ante el jefe y hábiles en la administración inapropiada del erario.

Aunque seguidores de Daniel exalten el proceso en la DGI, como muestra de honradez presidencial, las dudas afloran por su tardía orden. El director de la entidad, Walter Porras, fue denunciado poco después de su nombramiento, entre otras actitudes por derroche, maltrato a trabajadores y la imposición para que asistieran a marchas partidarias.

Pero no sólo ese señor ha sido denunciado, otros funcionarios estatales y municipales han sido señalados por irregularidad en su administración, como uso de los bienes públicos para actividades partidarias, presión a los trabajadores para apoyar a Daniel, ejecución de proyectos sin la debida licitación, nepotismo, tráfico de influencia.

Una danielista me escribió justificando a su líder diciendo que no era perfecto, pero que hacía mucho bien al país, y una hermana de ella recibió gratuito tratamiento para el cáncer en un hospital público; otra me dijo que Daniel hacía muchas obras sociales en beneficio de los pobres, y eso era lo importante pues “todos los gobiernos roban”.

En un gobierno sandinista, o revolucionario sandinista, el servicio público no debería verse como una dádiva del gobernante, sino como una actitud gubernamental que se basa en conceptos: servicio a la sociedad, honradez, eficiencia. Nada justifica el aprovechamiento de los recursos del pueblo ni la manipulación de las personas necesitadas.

Es inadmisible que repitan: como los gobiernos neoliberales robaron y no hicieron nada por los pobres, ahora que Daniel beneficia al pueblo, no importa que roben los funcionarios. Tampoco es admisible que justifiquen los abusos explicando que es para capitalizar al partido. Pues la corrupción es un concepto y modelo de vida nefasto para la sociedad.

Daniel Ortega debería ordenar acelerar las investigaciones en la DGI y llevar a los tribunales a quienes son señalados de cometer delito contra el empobrecido pueblo. Si Walter Porras huyó del país, de encontrarlo culpable, la policía nacional debe recurrir a su par internacional para regresarlo prisionero.

Encarcelar a corruptos podría ser un buen paso de Daniel para convencer a la mayoría de votantes, él tiene el poder para demostrar su interés. Ya ha regalado y seguirá obsequiando, ese ha sido su estilo, pero falta demostrar honradez, respeto a la libertad de pensamiento y acto políticos.

Llevar una campaña electoral cívica podría ser otro paso importante. El excesivo resguardo militar de instalaciones públicas, afectando la gestión ciudadana, crea malestar, y peor si además dificulta las fiestas católicas como sucedió en Semana Santa.

Las personas tienen derecho a protestar cívicamente frente al edificio del Consejo Supremo Electoral. Podrían ganar más votos Daniel si evitara confrontar a sus opositores, no sólo en las calles, también en actos públicos, con sus ofensas, o en las oficinas reprimiendo a inconformes.

Daniel, por ética, no debería ser el candidato del FSLN, su continuismo es más de lo mismo, la entronización de quien no quiere dejar el poder. Pero como ya su nominación es oficial e irreversible, debería demostrar honestidad y civismo.

*Director

Centro de comunicación y estudios sociales (Cesos)