¿Nicas son terroristas?

Treinta y nueve años atrás “terroristas” derrocan al “gobierno legítimamente constituido” del General de División, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Excelentísimo Señor Presidente, Anastasio Somoza Debayle, líder y caudillo del Partido Liberal Nacionalista.

El general había denunciado el involucramiento de “fuerzas comunistas internacionales”, para “romper con el orden constitucional” y sacarlo del poder antes de cumplir periodo para el cual fue “electo democráticamente”, en votaciones limpias demostrando que el “pueblo ama a la familia Somoza”.

Durante sus gobiernos, la familia Somoza -dice la propaganda oficial- ha construido carreteras, escuelas, puertos, la producción agrícola y pecuaria es abundante, el pueblo de Nicaragua progresa, es la economía más boyante de Centroamérica, con moneda estable y alto nivel adquisitivo.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, que inició en los años sesenta la lucha armada, fue calificado terrorista, pues asalta bancos y empresas para obtener dinero, tirotea a militares, secuestra aviones para canjear pasajeros por presos políticos, en dos ocasiones ejecuta tomas de edificios, retiene rehenes, exige la liberación de sus miembros prisioneros y millones de dólares.

El general Somoza mata o enjuicia a sandinistas, según las circunstancias. A los prisioneros tortura, acusa de asalto a mano armada, tenencia ilegal de armas, secuestro, crimen organizado. Nunca reconoció las causas políticas.

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, es asesinado en Managua el 10 de enero 1978. El pueblo sale a las calles a protestar por la muerte del periodista. Hay incendios, enfrentamientos armados, represión de la guardia. En Masaya el pueblo indígena Monimbó se toma la ciudad.

Somoza envía a sus tropas militares especiales, con armamento pesado, en cantidad superior al número de combatientes en las barricadas, que se defienden con armas de cacería, bombas de contacto, morteros. La dictadura criminaliza la resistencia, y asesina, apresa, para “mantener el orden, la paz, el progreso”.

La organización guerrillera se pone a la cabeza de la rebeldía popular contra el régimen dictatorial, y en la medida que la represión gubernamental aumenta y causa miles de muertos, la insurreción fue respaldada por muchos países.

La mayoría de nicas levantó barricadas y miles de jóvenes se armaron, para defenderse de la Guardia Nacional a cuyos miembros ajusticiaban, es decir les disparaban a mansalva, o fusilaban cuando los capturaban. Era la “justa ira del pueblo” ante la barbarie, después de miles de presos políticos, torturados, desaparecidos, asesinados.

Somoza, luego de las insurrecciones armadas de 1978, ordena la Operación Limpieza, y su cuerpo represor busca casa por casa a los sublevados, con la contribución de personas que en los barrios les dicen “orejas” porque denuncian a opositores. Centenas de vándalos asesinados aparecen en predios baldíos.

Madres y familiares recorren hospitales, cárceles, indagando por chavalos y chavalas, mientras la guardia las ofende y nos les informa. Hasta se dice, en la tradición oral, y puede ser cierto, que un guardia le dijo a una adolorida madre que “mejor hubiera parido un rollo de alambres de púas que a ese hijueputa terrorista”.

En medios de comunicación somocistas, los defensores del dictador se refieren a los luchadores llamándolos delincuentes, asesinos, a las mujeres les dicen prostitutas, además reluce un denigrante y desprestigiado periodismo oficial culpando a los “terroristas que destruyen la economía y la democracia”.

Internacionalmente, las acciones crueles del régimen, para “volver a la paz y el orden”, son consideradas Terrorismo de Estado. Ni los templos católicos han respetado porque ahí se refugian jóvenes que proclaman su protesta “protegidos por los curas”.

Treinta y nueve años después, son calificados terroristas quienes se manifiestan contra la familia Ortega Murillo y el gobierno aplica su política de Terrorismo de Estado conforme sus leyes.

18 julio 2018